Diputados aprobó la semana pasada la polémica reforma laboral que avanza sobre la Ley de Contratos de Trabajo quitando derechos a los trabajadores y facilitando despidos para los cuales el Estado se erigirá como financista con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). A la redefinición del cálculo de indemnizaciones, la creación del banco de horas, la posibilidad del pago en especies, la fragmentación de las vacaciones, el fin de la jornada laboral de 8 horas y las limitaciones al derecho a huelga el gobierno de Javier Milei incluyó un cambio, que aunque menos discutido en los medios, se revela como uno de los más cruciales para los trabajadores: el traspase de la Justicia laboral desde el fuero federal al de la Ciudad de Buenos Aires.
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