{"id":196847,"date":"2024-12-28T03:49:25","date_gmt":"2024-12-28T03:49:25","guid":{"rendered":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/un-fallo-en-favor-de-las-politicas-de-genero\/"},"modified":"2024-12-28T03:49:25","modified_gmt":"2024-12-28T03:49:25","slug":"un-fallo-en-favor-de-las-politicas-de-genero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/un-fallo-en-favor-de-las-politicas-de-genero\/","title":{"rendered":"Un fallo en favor de las pol\u00edticas de g\u00e9nero"},"content":{"rendered":"
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Un juez federal orden\u00f3 al ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona, que frene con el desmantelamiento del \u00e1rea de ese organismo dedicado a combatir la violencia de g\u00e9nero. Textualmente, el fallo dispone que debe \u00ababstenerse de reducir la cantidad de recursos humanos y la infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretar\u00eda de Protecci\u00f3n Contra la Violencia de G\u00e9nero y de los Centros a cargo de esos organismos\u00bb. La Justicia hizo lugar as\u00ed a una medida cautelar pedida por organizaciones civiles para evitar el vaciamiento de las instituciones que trabajan en defensa de las ni\u00f1eces, las mujeres y las diversidades que enfrentan situaciones de violencia.<\/p>\n

Asimismo, el fallo –firmado un d\u00eda despu\u00e9s de que el Gobierno anunciara una supuesta baja de los femicidios durante 2024– ordena que el Ministerio \u00abdeber\u00e1 sostener la producci\u00f3n y publicaci\u00f3n de evidencia y estad\u00edsticas a cargo de esos organismos\u00bb.<\/p>\n

El juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Federal 1, hizo lugar al pedido del Equipo Latinoamericano de Justicia y G\u00e9nero (ELA), de Ni Una Menos (NUM), de la Fundaci\u00f3n para el Desarrollo de Pol\u00edticas Sustentables (FUNDEPS), de Mujeres por Mujeres (MxM), de la Fundaci\u00f3n para el Estudio e Investigaci\u00f3n de la Mujer (FEIM) y la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organizaciones que hab\u00edan presentado una acci\u00f3n judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Naci\u00f3n por el vaciamiento sistem\u00e1tico de las instituciones del Estado que trabajan para garantizar los derechos de las mujeres, las ni\u00f1eces y las diversidades y su protecci\u00f3n frente a la violencia.<\/p>\n

En la acci\u00f3n declarativa de certeza, estas organizaciones exigieron al poder Ejecutivo que informara adecuadamente c\u00f3mo dar\u00e1 cumplimiento a sus obligaciones de garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencias y que mientras tanto no despida personal, frene la eliminaci\u00f3n de programas y sostenga la producci\u00f3n y publicaci\u00f3n de evidencia, ante el desmantelamiento de la Subsecretar\u00eda de Protecci\u00f3n contra la Violencia de G\u00e9nero. Sin aportar ni una sola prueba, en su respuesta presentada ante la justicia, el Estado neg\u00f3 haber cerrado la Subsecretar\u00eda y los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). El juez cuestiona la respuesta del Poder Ejecutivo y ordena que se mantengan los recursos humanos y de infraestructura para evitar el total vaciamiento de las pol\u00edticas p\u00fablicas. Con esta medida, dicen las organizaciones, \u201cel Poder Judicial da un paso clave en la protecci\u00f3n de los derechos de las mujeres, ni\u00f1as y adolescentes\u201d.<\/p>\n

En su resoluci\u00f3n, el juez Regueira destaca que el Ministerio de Justicia, a pesar de haber alegado que los programas y recursos se encuentran reorganizados conforme el criterio de \u201ceficacia y eficiencia de la actual gesti\u00f3n de gobierno\u201d, no ha presentado en el expediente judicial constancia alguna que permita demostrar que se est\u00e9 garantizando la prestaci\u00f3n m\u00ednima obligatoria en los t\u00e9rminos establecidos en la Ley de Protecci\u00f3n Integral de las Mujeres, ni ha mencionado o detallado la forma en la que se est\u00e1 cumpliendo con esas prestaciones. \u201cEl Estado tampoco ha explicado en qu\u00e9 consiste la reorganizaci\u00f3n a la que alude ni de qu\u00e9 manera esa nueva estructuraci\u00f3n permitir\u00eda cumplir el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad\u201d, dice Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA en relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n judicial.<\/p>\n

La Justicia ya hab\u00eda reconocido formalmente la legitimidad de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, ni\u00f1as y adolescentes, v\u00edctimas y potenciales v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero en estado de vulnerabilidad m\u00faltiple, y hab\u00eda ordenado que se inscribiera la acci\u00f3n en el Registro de Procesos Colectivos: es la primera vez que se presenta una acci\u00f3n de esta naturaleza durante el gobierno de Javier Milei.<\/p>\n

Las organizaciones respondieron con abundante evidencia dejando claro que la situaci\u00f3n actual es muy diferente a lo que plantea el Ministerio de Justicia en su informe. Tanto los CAJ como varios de los programas que funcionaban en el ex Ministerio de Mujeres, G\u00e9neros y Diversidad de la Naci\u00f3n se encuentran desfinanciados, con baja ejecuci\u00f3n presupuestaria y con el menor alcance a desde su creaci\u00f3n.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico de la Defensa tambi\u00e9n se expidi\u00f3 en defensa de los derechos de las ni\u00f1eces, al dictaminar que \u201cno se advierte de la lectura del informe presentado por el Estado Nacional de qu\u00e9 manera la Administraci\u00f3n P\u00fablica garantizar\u00e1 los derechos de las ni\u00f1as y adolescentes involucradas. Es as\u00ed que persiste un marco de incertidumbre sobre los alcances de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que el Estado Nacional mantiene actualmente con las ni\u00f1as y adolescentes afectando sus derechos constitucionales y convencionales a vivir una vida sin violencia\u201d.<\/p>\n

Por otra parte, el Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o de la ONU manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por los cambios institucionales y pol\u00edticos que se est\u00e1n llevando adelante en Argentina y el impacto que pueden tener en la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, al tiempo que recomend\u00f3 al Estado que aumente las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluyendo presupuesto para personal formado, infraestructuras adecuadas, programas de prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n integral y solicit\u00f3 que se haga lugar a la medida de no innovar requerida por las organizaciones.<\/p>\n

La decisi\u00f3n del juez enfatiza que el Estado \u201cno ha arrimado constancia alguna que permita inferir que se est\u00e9 garantizando la prestaci\u00f3n m\u00ednima obligatoria en los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 26.485, as\u00ed como tampoco ha detallado, ni siquiera mencionado, la forma en la que se est\u00e1 cumpliendo con las prestaciones referidas [\u2026] Lo que me lleva a concluir que la verosimilitud en el derecho se encuentra suficientemente acreditada\u201d.<\/p>\n

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