{"id":197915,"date":"2025-03-24T08:57:36","date_gmt":"2025-03-24T08:57:36","guid":{"rendered":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/tortura-desidia-y-servidumbre-en-comunidades-terapeuticas\/"},"modified":"2025-03-24T08:57:36","modified_gmt":"2025-03-24T08:57:36","slug":"tortura-desidia-y-servidumbre-en-comunidades-terapeuticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/tortura-desidia-y-servidumbre-en-comunidades-terapeuticas\/","title":{"rendered":"Tortura, desidia y servidumbre en comunidades terap\u00e9uticas"},"content":{"rendered":"
<\/p>\n

Veinte personas fallecieron en circunstancias dudosas<\/b> en comunidades terap\u00e9uticas<\/a> desde el a\u00f1o 2012. As\u00ed se desprende de un informe realizado por la unidad de investigaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n de Reducci\u00f3n de Da\u00f1os de Argentina<\/b> (ARDA), que realiz\u00f3 el primer relevamiento formal<\/b> sobre los casos ocurridos en establecimientos de salud mental denunciados por violar sistem\u00e1ticamente los derechos<\/a><\/b> de los usuarios. Los casos van desde muertes en incendios<\/a> a fallecimientos por desidia, abandono<\/b> y hasta situaciones de tortura <\/b>en celdas de castigo. Algunas fueron juzgadas, otras contin\u00faan impunes<\/b>.\u00a0<\/p>\n

De a poco, las verdades van saliendo a la luz. Las condiciones inhumanas<\/b> en las que viven los usuarios del sistema de salud mental en decenas de comunidades terap\u00e9uticas, la mayor parte en irregular legalidad<\/b>, dejan de ser un secreto. No por arte de magia, sino por la lucha <\/b>de los familiares de las v\u00edctimas y de los especialistas que, desde distintas \u00e1reas, se encargan de investigar, denunciar y acompa\u00f1ar<\/b> a las familias.\u00a0<\/p>\n

Es el caso de la Unidad de Investigaciones y Protecci\u00f3n de Derechos en Salud Mental (UIP) de ARDA, integrada por el periodista e investigador\u00a0Pablo Galfr\u00e9<\/b>, la abogada Magal\u00ed Ledesma<\/b> y la psic\u00f3loga Andrea Vicenzi<\/b>, que el a\u00f1o pasado querell\u00f3 en el hist\u00f3rico juicio por la muerte de cuatro personas en un incendio en el centro Resiliencia San Fernando<\/b>, que termin\u00f3 con la primera condena por \u00abreducci\u00f3n a la servidumbre<\/b>\u00bb <\/a>a responsables de una comunidad de este tipo.\u00a0<\/p>\n

Ahora, los nombres de\u00a0Nicol\u00e1s Ortiz, Nahuel Casta\u00f1o, Rodrigo Moreno, Nicol\u00e1s Bisbal<\/b>, las cuatro v\u00edctimas de aquel incendio, aparecen incluidos entre los de los veinte fallecidos que pudo sistematizar la\u00a0UIP en el primer informe<\/b> que da cuenta de las muertes catalogadas como \u00abdudosas\u00bb en las comunidades. Galfr\u00e9 se\u00f1ala ahora a P\u00e1gina 12<\/b> que, dentro de esas muertes, \u00abalgunas nunca fueron investigadas<\/b>, otras fueron investigadas por iniciativa nuestra y hubo condenados<\/b>, y otras no fueron investigadas y por eso mismo terminaron en un\u00a0incendio con muertos<\/b> que derivaron en las condenas\u00bb. <\/p>\n

Aquel caso es, quiz\u00e1s, el m\u00e1s resonante: la ma\u00f1ana del 22 de febrero de 2022<\/b> se desat\u00f3 un incendio en la sede de la comunidad terap\u00e9utica ubicada en la localidad de La Lonja<\/b>, partido de Pilar, y en menos\u00a0de cinco minutos las llamas agarraron toda la casa en la que Ortiz, Casta\u00f1o, Moreno y Bisbal dorm\u00edan hacinados<\/b>.\u00a0 La autopsia arroj\u00f3 que fallecieron por inhalar mon\u00f3xido de carbono y \u00e1cido cianh\u00eddrico<\/b>, mientras que en el juicio se demostr\u00f3 que ellos y los otros 22 internos eran sometidos a condiciones de servidumbre <\/b>mediante drogas inyectables que<\/b> los dejaban\u00a0<\/b>en un estado de semi inconsciencia. Los cuatro fallecidos ni siquiera pudieron llegar a\u00a0 intentar escapar del fuego. Por ese caso fueron condenados\u00a0Emanuel Cambra, Eliana Wawric, Alejandra Machado y Alejandro Merenzon<\/b>, con distintas responsabilidades en la comunidad.\u00a0<\/p>\n

En el informe se subraya que los veinte casos recabados ocurrieron en lugares donde los due\u00f1os \u00abobligan a los usuarios a trabajar, hacer las camas, limpiar cuartos, hacer el desayuno, almuerzo y cena, limpiar toda la instituci\u00f3n y hacer tareas de mantenimiento general<\/b>\u00ab. \u00abTambi\u00e9n los obligan a hacer guardias nocturnas<\/b>, a ser los vigilantes de sus propios compa\u00f1eros\u00bb, apunta la UIP, que agrega que \u00abmuchas veces son obligados a trabajar en las casas de los due\u00f1os<\/b> de la comunidad\u00bb.\u00a0<\/p>\n

El informe tambi\u00e9n denuncia casos extremadamente violentos de captaci\u00f3n de usuarios en contra de su voluntad<\/b> para ingresarlos a las comunidades. Algunos de ellos incluso terminaron en muerte, como el caso de Gast\u00f3n Cunsolo<\/b>, ocurrido en julio de 2021. Seg\u00fan denuncia la UIP, \u00abtres internos de la Comunidad Reencontrarse, tambi\u00e9n de Pilar, fueron a internarlo en contra de su voluntad; Gast\u00f3n se resisti\u00f3, lo asfixiaron, lo dejaron tirado en el living de la casa y se fueron sin decirle nada a su madre<\/b>\u00ab. El hombre ten\u00eda 40 a\u00f1os y no era usuario de drogas, sino que padec\u00eda de esquizofrenia<\/b>. Esa causa fue elevada a juicio por homicidio simple <\/b>contra los tres internos, pero sin acusar a los responsables de la comunidad.\u00a0<\/p>\n

Un caso que tambi\u00e9n lleg\u00f3 a juicio fue el de Saulo Rojas<\/a>, que muri\u00f3 en 2013 en la Fundaci\u00f3n San Camilo<\/b>. El informe de la UIP precisa que Rojas, de 23 a\u00f1os, \u00abestaba deprimido <\/b>porque hab\u00eda reca\u00eddo en el consumo, era insulino dependiente<\/b> y extra\u00f1aba much\u00edsimo a su madre\u00bb. En esas condiciones fue encerrado en una celda de castigo<\/b> de la instituci\u00f3n por el encargado de seguridad, \u00c1ngel S\u00fa\u00f1ez<\/b>, sin sus dosis de insulina y con el cintur\u00f3n puesto, con el que finalmente se ahorc\u00f3<\/b>. En el juicio, S\u00fa\u00f1ez fue sentenciado en 2022 a\u00a0tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por homicidio culposo\u00a0<\/b>en la primera condena por una muerte dudosa<\/a><\/b> en una comunidad, mientras que al due\u00f1o de San Camilo, Mart\u00edn Iribarne<\/b>, y el director terap\u00e9utico, Alejandro Jacinto,<\/b> la Justicia de C\u00e1mara les concedi\u00f3 una probation<\/i>.\u00a0<\/p>\n

En 2017, tras la investigaci\u00f3n de Galfr\u00e9 y la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM), San Camilo fue finalmente clausurada<\/b>. La inspecci\u00f3n de la CPM encontr\u00f3, entre otras cosas, \u00abpacientes adultos y j\u00f3venes v\u00edctimas de pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas de torturas y malos tratos, personas privadas ileg\u00edtimamente de la libertad, afectaci\u00f3n del v\u00ednculo familiar, uso abusivo de psicof\u00e1rmacos, medidas de aislamiento sistem\u00e1ticas y arbitrarias<\/b>\u201d. El informe indica que en ese lugar, y s\u00f3lo once d\u00edas antes que Rojas, tambi\u00e9n muri\u00f3 Felipe Mariniasky<\/b>, un hombre de 41 a\u00f1os con retraso madurativo y paresia en sus ojos. Mariniasky sufri\u00f3 un golpe que le produjo un hematoma subdural y la muerte. La UIP advierte que ese caso nunca fue investigado<\/b> por la Justicia, y nadie sabe si el golpe fue accidental o intencional<\/b>.\u00a0<\/p>\n

Otro lugar del terror fue la denominada Fundaci\u00f3n San Antonio<\/b> con procedimientos que la UIP denuncia como \u00abcalcados a los de San Camilo<\/a>\u00ab: \u00abSecuestros, sobremedicaci\u00f3n, encierro prolongado, ausencia de terapia, entre otras violaciones a los derechos humanos<\/b>\u00ab, subraya el informe. En ese lugar murieron\u00a0Franco Ruiz D\u00edaz<\/b>, oficialmente como un suicidio aunque su familia niega esa hip\u00f3tesis, Mat\u00edas Lamorte<\/b>, sobremedicado y tirado en un cuarto sin ventilaci\u00f3n cuando era asm\u00e1tico, y Claudia Mart\u00ednez<\/a><\/b>, una mujer con graves problemas renales por consumo de alcohol que no fueron atendidos. Ninguno de los tres casos fue juzgado<\/b>, mientras que la comunidad termin\u00f3 clausurada en 2021<\/a>\u00a0luego de que el due\u00f1o de la instituci\u00f3n amenazara a los internos con un arma de fuego.\u00a0<\/b><\/p>\n

Aunque con algunas causas resonantes en las que se obtuvo justicia, como las mencionadas m\u00e1s arriba, es evidente que el saldo del Estado con respecto a las comunidades queda en deuda<\/b>. No s\u00f3lo por las investigaciones que no avanzan o directamente se archivan, sino por el mero hecho de que las comunidades contin\u00faen existiendo en esas condiciones, incluyendo a varias sin autorizaci\u00f3n<\/b>.\u00a0<\/p>\n

Galfr\u00e9 remarca en este sentido que \u00abla UIP lleg\u00f3 para quedarse<\/b> y tiene que estar presente porque el Estado no est\u00e1, recibimos mucha m\u00e1s informaci\u00f3n y, por momentos, m\u00e1s denuncias que el Estado\u00bb. El periodista se\u00f1ala que, por ejemplo, la unidad se encuentra investigando una comunidad de la que ya recibieron denuncias en 2022 y \u00abreci\u00e9n ahora el Estado la est\u00e1 investigando tras las denuncias nuestras\u00bb. La UIP recibe denuncias en su correo electr\u00f3nico:\u00a0[email\u00a0protected]<\/a><\/span>.\u00a0\u00a0<\/b><\/p>\n

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