{"id":199290,"date":"2025-07-17T08:58:28","date_gmt":"2025-07-17T08:58:28","guid":{"rendered":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/solicitan-anular-el-sobreseimiento-del-exdirector-de-vialidad-nacional-javier-iguacel\/"},"modified":"2025-07-17T08:58:28","modified_gmt":"2025-07-17T08:58:28","slug":"solicitan-anular-el-sobreseimiento-del-exdirector-de-vialidad-nacional-javier-iguacel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/solicitan-anular-el-sobreseimiento-del-exdirector-de-vialidad-nacional-javier-iguacel\/","title":{"rendered":"Solicitan anular el sobreseimiento del exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel"},"content":{"rendered":"
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El exadministrador de Vialidad<\/strong> est\u00e1 imputado, junto a otros funcionarios del organismo, por haber dictado entre 2016 y 2018 actos administrativos que perjudicaron a la firma Comercial del Plata Construcciones Sociedad An\u00f3nima (CPC S.A.), tales como desfinanciar contratos de obra p\u00fablica, imponerles sanciones arbitrarias e imputarles incumplimientos.<\/p>\n

En la presentaci\u00f3n que deber\u00e1 analizar la Corte Suprema, el representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n consider\u00f3 que la decisi\u00f3n presentaba defectos de fundamentaci\u00f3n y que hab\u00eda omitido tratar la cuesti\u00f3n de fondo.<\/span><\/p>\n

De Luca<\/strong> sostuvo que fue arbitrario el rechazo al recurso formulado por el fiscal general ante la C\u00e1mara de Apelaciones Aguero Iturbe, con el argumento de que el fiscal de primera instancia no hab\u00eda recurrido la decisi\u00f3n del juez de instrucci\u00f3n. <\/p>\n

\u201cCarece de relevancia si alguno de los fiscales en las etapas anteriores no mantuvo los agravios en alg\u00fan tramo, porque la de la extinci\u00f3n de las acciones penales es una cuesti\u00f3n de orden p\u00fablico, discutible de oficio y de prioritario tratamiento en cualquier instancia donde se plantee\u201d,<\/span> se\u00f1al\u00f3 De Luca.<\/p>\n

Por otro lado, remarc\u00f3 que, al momento de ponderar el curso de la prescripci\u00f3n se adopt\u00f3 el plazo del tipo penal m\u00e1s leve para las conductas objeto de investigaci\u00f3n. \u201cSe resolvi\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n por calificaciones legales, sin tener en cuenta el posible encuadre de los mismos hechos bajo figuras penales m\u00e1s graves, tal como hab\u00eda se\u00f1alado el acusador particular\u201d, indic\u00f3 el fiscal general ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n, seg\u00fan public\u00f3 fiscales.gob.ar.<\/strong><\/p>\n

El caso<\/h2>\n

El 5 de octubre de 2020, el presidente de CPC S.A. denunci\u00f3 a Iguacel por abuso de autoridad. La jueza entonces a cargo del juzgado federal 6, Mar\u00eda Eugenia Capuchetti, pidi\u00f3 opini\u00f3n al fiscal Eduardo Taiano<\/strong>, quien formul\u00f3 requerimiento de instrucci\u00f3n.<\/p>\n

Tras la realizaci\u00f3n de diversas medidas de investigaci\u00f3n, el 25 de octubre de 2024 el juez federal Daniel Rafecas form\u00f3 incidente por posible prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. A su turno, la parte querellante postul\u00f3 la vigencia de la acci\u00f3n, dado que, si bien denunci\u00f3 el delito de abuso de autoridad, aclar\u00f3 que se trataba de una calificaci\u00f3n provisoria, sin perjuicio de otras conductas que pudieran establecerse, como defraudaci\u00f3n en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica, peculado y asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/span><\/p>\n

Posteriormente, el fiscal Taiano dictamin\u00f3 que la acci\u00f3n penal se encontraba prescripta y que el lapso en que Iguacel fue intendente del distrito bonaerense de Capit\u00e1n Sarmiento (2019-2023) \u201cno deb\u00eda computarse apto para tornar aplicable la causal suspensiva del curso de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u201d.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, el 5 de noviembre de 2024 el juez Rafecas<\/strong> resolvi\u00f3 en consonancia con la postura de la fiscal\u00eda, por lo que declar\u00f3 extinguida la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n y dispuso el sobreseimiento de Iguacel. <\/p>\n

La querella recurri\u00f3 la decisi\u00f3n y en febrero pasado la Sala I de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechaz\u00f3 la presentaci\u00f3n y confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n del juez, ya que la calificaci\u00f3n legal adoptada se mantuvo en la denuncia y el requerimiento de instrucci\u00f3n y hasta el tr\u00e1mite del incidente de prescripci\u00f3n la querella no hab\u00eda denunciado nuevos delitos.<\/span><\/p>\n

Los camaristas indicaron que el desempe\u00f1o de Iguacel<\/strong> como intendente de Capit\u00e1n Sarmiento \u201ctampoco constitu\u00eda un cargo con jerarqu\u00eda suficiente como para sostener razonablemente que hubiera estado en condiciones de impedir u obstaculizar la persecuci\u00f3n penal, de modo que fuera aplicable la causal de suspensi\u00f3n en cuesti\u00f3n\u201d, por lo que entendi\u00f3 que hab\u00eda transcurrido el plazo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n de dos a\u00f1os, previsto para el delito imputado.<\/p>\n

A su turno, el fiscal general Jos\u00e9 Luis Ag\u00fcero Iturbe interpuso el recurso de casaci\u00f3n, por entender que la C\u00e1mara realiz\u00f3 \u201cuna incorrecta interpretaci\u00f3n de la condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico de Iguacel como intendente en Capit\u00e1n Sarmiento porque ello no tornar\u00eda aplicable la causal de suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u201d.<\/span><\/p>\n

El representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal <\/strong>explic\u00f3 que \u201cla influencia del funcionario p\u00fablico tiene un sustento objetivo y que, de acuerdo con las previsiones del art\u00edculo 67 del CP [la norma del C\u00f3digo Penal que prev\u00e9 las causas de suspensi\u00f3n e interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n], resulta indistinta la jerarqu\u00eda del cargo que ostente el inculpado, como as\u00ed tambi\u00e9n, si se trata de un funcionario o un empleado p\u00fablico y que, por tanto, lo que se busca es evitar que desde el puesto en cuesti\u00f3n pueda influenciar u obstruir la pesquisa y que prescriba la acci\u00f3n\u201d. Tambi\u00e9n record\u00f3 la Resoluci\u00f3n PGN N\u00b033\/2005, que instruy\u00f3 a los fiscales a que ante la divergencia de interpretaciones sobre la correcta aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 67 del C\u00f3digo Penal, se opte por aquella que le permita sostener la acci\u00f3n penal p\u00fablica.<\/p>\n

El 27 de junio pasado la Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 mal concedido el recurso, lo que motiv\u00f3 que el fiscal general De Luca interpusiera el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La imputaci\u00f3n <\/h2>\n

Iguacel<\/strong> est\u00e1 imputado, junto a otros funcionarios del organismo, por haber dictado entre 2016 y 2018 actos administrativos que perjudicaron a la firma Comercial del Plata Construcciones Sociedad An\u00f3nima, tales como desfinanciar contratos de obra p\u00fablica, imponerles sanciones arbitrarias e imputarles incumplimientos.<\/p>\n

El recurso extraordinario<\/h2>\n

En su presentaci\u00f3n, el representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal entendi\u00f3 que \u201cen la decisi\u00f3n impugnada se configura un supuesto de arbitrariedad de sentencias en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia de la Corte Suprema\u201d. <\/span><\/p>\n

Sostuvo tambi\u00e9n que, en el curso de la incidencia, se present\u00f3 otra cuesti\u00f3n federal que consisti\u00f3 en negarle legitimaci\u00f3n al Ministerio P\u00fablico Fiscal para recurrir el fallo de la C\u00e1mara de Apelaciones<\/strong>, lo que tuvo como consecuencia que se pusiera \u201cfin a la acci\u00f3n penal de la cual este Ministerio P\u00fablico Fiscal es titular y debe impulsar ante la divergencia de interpretaciones sobre la correcta aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 67 del CP\u201d.<\/p>\n

Para De Luca, la defensa no ten\u00eda raz\u00f3n cuando afirm\u00f3 que \u201cel representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal ante la C\u00e1mara de Apelaciones carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para recurrir en casaci\u00f3n porque el fiscal de la primera instancia hab\u00eda dictaminado a favor de los intereses del imputado\u201d.<\/span><\/p>\n

En tal sentido, consider\u00f3 que la postura de la defensa no consider\u00f3 dos asuntos: \u201cEl primero es que la instancia de apelaci\u00f3n estaba habilitada por el recurso de otra parte acusadora, la querella; el segundo es que el objeto de la incidencia es un asunto de orden p\u00fablico, donde el fiscal debe opinar, es decir, no est\u00e1 condicionado o limitado por el criterio del fiscal de la instancia anterior. El agravio no es personal de la querella, sino que es p\u00fablico\u201d.<\/p>\n

\u201cEl tribunal apelado por razones formales adopt\u00f3 una posici\u00f3n ciega ante los argumentos de las partes, que estaban a la vista de todos y correctamente expuestos en todas las instancias\u201d, consider\u00f3 el fiscal general, y sostuvo que \u201cla causal de suspensi\u00f3n del curso de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal prevista en el inc. 2\u00b0 del art. 67 del CP puede tener como fundamento la influencia subsistente del funcionario en el curso de las investigaciones, pero tambi\u00e9n puede serlo la probidad e idoneidad moral de los funcionarios p\u00fablicos, cualesquiera sean los cargos que ocupen despu\u00e9s de aquel en cuya gesti\u00f3n cometi\u00f3 los delitos que se investigan\u201d.<\/p>\n

Figuras penales m\u00e1s graves<\/h2>\n

El dictamen tambi\u00e9n destac\u00f3 que la forma en que se describi\u00f3 \u201cla plataforma f\u00e1ctica dar\u00eda lugar a otras posibles tipicidades, tales como administraci\u00f3n fraudulenta, en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica, si se comprueba que se habr\u00eda perjudicado dolosamente, por infidelidad o abuso, el patrimonio administrado, haciendo caer sin fundamento concesiones de obra p\u00fablica o generando la posibilidad de acciones patrimoniales en contra de la instituci\u00f3n, etc. (art.174, inc. 5\u00b0, en funci\u00f3n del art. 173, inc. 7\u00b0 del CP), o peculado (art. 261 CP), ante la sospecha de que habr\u00edan sustra\u00eddo caudales o efectos cuya administraci\u00f3n, percepci\u00f3n o custodia le hab\u00edan sido confiados o empleado en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por la administraci\u00f3n p\u00fablica cuya direcci\u00f3n ejerc\u00eda\u201d. <\/p>\n

El fiscal general estim\u00f3 que fue un desacierto de la C\u00e1mara de Apelaciones y del juez instructor rechazar la postura de la querella por no haber planteado esas calificaciones con anterioridad.<\/p>\n

Concluy\u00f3 que \u201cse resolvi\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n por calificaciones legales, sin tener en cuenta el posible encuadre de los mismos hechos bajo figuras penales m\u00e1s graves, tal como hab\u00eda se\u00f1alado el acusador particular\u201d y que los argumentos vertidos \u201ceran conducentes para la soluci\u00f3n del caso, pero no pudieron ser tratados merced a una interpretaci\u00f3n inv\u00e1lida de las facultades recursivas del \u00f3rgano que represento\u201d.<\/p>\n

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Embed <\/p>\n

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