La causa llegó a la máxima instancia luego que la defensa oficial del acusado presentara un recurso de queja contra la condena dictada por un tribunal oral, con el argumento de que la normativa constitucional garantiza el derecho a ser juzgado en un «plazo razonable».La causa llegó a la máxima instancia luego que la defensa oficial del acusado presentara un recurso de queja contra la condena dictada por un tribunal oral, con el argumento de que la normativa constitucional garantiza el derecho a ser juzgado en un «plazo razonable».
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