En ese sentido, Bornoroni afirmó que un presupuesto equilibrado permitirá «una vida ordenada» y remarcó que se trata de una obligación que el Congreso debió haber garantizado a lo largo de su historia. Además, aseguró que la aprobación del Presupuesto 2026 será una señal hacia el exterior: «Vamos a mostrarle al mundo que somos un país serio, con un presupuesto claro y ejecutado de manera equilibrada, en beneficio de todos los argentinos».
El dictamen oficial establece como uno de sus ejes una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario. Para el ejercicio 2026, proyecta un superávit financiero estimado en $2.734.029.655.055, con gastos corrientes y de capital que alcanzarían los $148.069.293.526.549.
Desde la oposición, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó duramente la iniciativa oficial y aseguró que «hace falta otro presupuesto». Al presentar el dictamen del kirchnerismo, explicó que propone una reformulación integral de la ley, con el objetivo de garantizar el financiamiento universitario y los fondos necesarios para la Emergencia en Discapacidad, la Emergencia en Pediatría y el funcionamiento del Hospital Garrahan.
También señaló que su espacio busca asegurar el cumplimiento de la ley de educación técnica, un sendero creciente de inversiones en ciencia y tecnología, el fondo nacional para la defensa, la continuidad del régimen de zona fría para el consumo de gas y la automaticidad de las asignaciones familiares.
Además, acusó al Gobierno de haber evitado deliberadamente la aprobación de los presupuestos de 2024 y 2025 para administrar el Estado con la ley de 2023, cuyos montos están desactualizados. «La Argentina no tuvo presupuesto durante dos años por voluntad de Milei», afirmó.
En la misma línea, el diputado Itai Hagman criticó que el proyecto impulsado por La Libertad Avanza prioriza el pago a los acreedores. «El único gasto garantizado es el de la deuda», sostuvo, y advirtió que la iniciativa consolida un esquema de ajuste permanente que no asegura estabilidad económica y genera un costo productivo y social «inaceptable». Por ese motivo, ratificó el rechazo del bloque y la presentación de un dictamen alternativo.


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