Fuerte ajuste a los cartoneros 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció que dejará de pagar los traslados de los recuperadores urbanos que día a día llegan desde el conurbano bonaerense a la ciudad. Los afectados son más de la mitad de los alrededor de 6 mil trabajadores y trabajadoras cartoneros que hacen esa labor esencial de reciclado y limpieza del territorio porteño, y que ahora deberán pagar el viaje con sus salarios que, aseguran, no llegan ni a los 400 mil pesos mensuales. Sostienen que la decisión hace «inviable» el traslado de los y las trabajadoras, por lo que «implica una vulneración grave que pone en riesgo miles de puestos de trabajo». 

La medida ya había sido anticipada por el Gobierno porteño, pero se oficializó este viernes a través de un comunicado del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, que tiene a su cargo el programa BA Recicla. De ese programa dependen los más de 6 mil recuperadores urbanos organizados en 12 cooperativas que prestan el servicio formal de recolección diferenciada, recorriendo los barrios, recolectando los materiales reciclables y clasificándolos en los Centros Verdes. 

Llaman «privilegio» al traslado

Algunas de esas cooperativas tienen locación en la propia Ciudad de Buenos Aires, pero otra buena parte están asentadas en la Provincia, por lo que sus trabajadores contaban hasta el momento con traslado diario ida y vuelta en colectivos particulares garantizados por el Gobierno porteño para viajar desde distintos puntos del conurbano. Para el GCBA, sin embargo, ese viaje constituía un «privilegio» que «beneficiaba a un grupo reducido de cooperativas», ya que el resto de los trabajadores y trabajadoras que realizan las mismas tareas «nunca accedieron al mismo trato«. 

Desde Espacio Público sostienen que el traslado diario costaba 6 mil millones de pesos anuales, que serían ahora destinados, según indicaron, a obras de infraestructura en los centros de reciclaje, en las rutas de recolección y un aumento de la capacidad operativa. El titular de la cartera de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, dijo que «estamos construyendo un esquema transparente, justo y eficiente, donde todos los recuperadores estén bajo las mismas reglas».

La respuesta a la postura oficial no tardó en llegar por parte de las cooperativas, incluso de aquellas con domicilio en la Ciudad y que no necesitaban el traslado diario. Nucleadas en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), emitieron un comunicado en el que advirtieron, primero, que «hoy el incentivo salarial de los cartoneros y cartoneras de CABA se encuentra en 390 mil pesos» y que «de suspenderse el traslado, un 20 por ciento de los salarios serían destinados al transporte que nos lleva a laburar».

«Cuidamos el ambiente»

Desde la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos, una de las acusadas por el Gobierno porteño de recibir el «privilegio» del transporte, también se expresaron sosteniendo que «ahora tenemos que costear el traslado cobrando una miseria, mientras los precios de los materiales caen por la apertura de importaciones». «Los cartoneros no contaminamos, reciclamos, le ahorramos millones al Estado y cuidamos el ambiente«, añadieron.

Los y las trabajadoras de la federación indicaron que el traslado ida y vuelta al conurbano es un «derecho adquirido» hace ya 18 años y «está garantizado como parte del sistema de reciclado de inclusión«. «Surgió ante la imposibilidad de asumir el costo y la falta de capacidad del transporte público», precisaron. Y agregaron que hoy en día lo utilizan «más de 3500 trabajadores que pueden acceder a sus recorridos y garantizar el servicio de higiene urbana». 

La federación hace hincapié, así, en que la necesidad del traslado no es solamente económica sino que tiene que ver con la imposibilidad de viajar en transporte público desde los distintos puntos del conurbano a la ciudad. No sólo porque los colectivos o trenes no dan abasto para la demanda de tantos trabajadores al unísono, sino porque los recorridos y demoras en la llegada a la ciudad se harían mucho más extensos, dificultando incluso la puesta en marcha de los recorridos de reciclado. 

Apuntan que «resulta inviable que el servicio público de transporte absorba lo que brinda el GCBA porque las líneas de colectivos no están preparadas para absorber semejante capacidad de trabajadores, viniendo la gran mayoría todos a la misma hora desde los mismos puntos». En este sentido aseguran que «no hubo ningún tipo de preparación ni de planificación sobre cómo se haría esta transición».

Retrocede la inclusión

«El servicio de traslado para los asociados a las cooperativas que prestan servicio de higiene urbana constituye un estándar de protección que no puede perderse, su eliminación implicaría un retroceso en las políticas de inclusión y reconocimiento del trabajo que desarrollamos, vulnerando el principio de no regresividad en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en especial respecto de grupos históricamente vulnerados, y también afecta a la viabilidad técnica y operativa del funcionamiento general del sistema«, aseveraron. Y añadieron que «esto va a contramano de la normativa internacional y local que el GCBA debe garantizar». 

El trabajo de los y las recuperadoras está garantizado por distintas leyes locales desde la creación en 2002 de esa figura legal a través de la Ley N°992 aprobada ese año por la Legislatura. Desde entonces se sumaron distintas leyes y resoluciones que ampliaron la cobertura de su trabajo, así como sus derechos y conformaron el actual marco legal por el que funciona el programa que permite a los más de 6 mil trabajadores ir puerta por puerta de cada barrio en busca de los materiales reciclables.