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En esa oportunidad, la protesta terminó con heridos, detenidos y destrozos, tras una fuerte intervención de las fuerzas federales. Para esta jornada, el juez Roberto Gallardo prohibió expresamente su participación, tras un amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio judicial UEJN.
La medida judicial dejó la seguridad del operativo en manos del Gobierno porteño, lo que desató una fuerte reacción del Ministerio de Seguridad, que denunció al magistrado por supuesta intromisión en la división de poderes.
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En paralelo a la movilización, la Cámara de Diputados trataba reformas previsionales, lo que agregó un condimento más al malestar de los manifestantes. “Reclamamos paritarias libres, homologación de convenios, aumentos de emergencia para jubilaciones y pensiones, actualización del bono y el fin de la represión a la protesta social”, expresó la CGT en un comunicado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se metió en la discusión con críticas dirigidas al sindicalismo. «Nadie destruyó tanto el poder adquisitivo como Alberto Fernández, a quien no le hicieron un solo paro», apuntó, y agregó que “este es el tercer paro que la gente rechaza, aborrece y confirma lo que detesta el sindicalismo argentino”.
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La manifestación se desarrolló con tensión creciente, no solo por la presencia policial sino también por la discusión política que la rodea. El Gobierno intenta minimizar el impacto del paro y desacreditar a los gremios, mientras los sectores movilizados denuncian un ajuste que golpea con dureza al poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados.
La jornada marca una nueva escalada en el conflicto entre el oficialismo y las organizaciones sociales y sindicales, en un contexto de creciente malestar por los recortes y la inflación. La atención ahora se centra en el paro de este jueves, que buscará visibilizar el rechazo al rumbo económico y social del Gobierno.
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