«FOPEA rechaza esta resolución inconsulta y claramente discriminatoria, y reitera su predisposición a aportar su mirada y la experiencia de los colegas a fin de que se consensue un mecanismo objetivo, plural y equitativo para las acreditaciones», sostiene el Foro en sus redes.
El vocero Manuel Adorni, compartió el posteo de FOPEA y respondió lacónico: «no», rechazando el reclamo y cualquier tipo de revisión de las nuevas normas.
Uno de los ejes centrales de la normativa es la redefinición del aforo en las salas de prensa Decano Roberto Di Sandro y en las conferencias dentro de la Casa Rosada. El Gobierno justifica este punto en la necesidad de garantizar “condiciones de seguridad adecuadas, evitar aglomeraciones y permitir un desarrollo ordenado y eficiente de las actividades oficiales”. Si bien no se especificó en el texto el número exacto de acreditaciones que se otorgarán, se anticipa una selección más estricta.
En paralelo, se refuerzan las facultades de la Subsecretaría de Prensa, que será la nueva autoridad de aplicación del régimen. Este organismo podrá dictar normas complementarias y ejercer el control sobre el cumplimiento de los requisitos.
Nuevo código de vestimenta
La Casa Rosada estableció que el código de vestimenta para las conferencias «será formal, en razón de la naturaleza institucional del acto y su trascendencia a nivel nacional e internacional».
“Este requerimiento responde al protocolo de los actos oficiales cuyo respeto es fundamental para mantener el decoro y el orden correspondiente. En consecuencia los acreditados y/o participantes tendrán que cumplir con el mismo a fin de preservar las buenas costumbres, el respeto por las instituciones y la importancia del evento», sostuvieron.
Además, se refuerzan las facultades de la Subsecretaría de Prensa, que será la nueva autoridad de aplicación del régimen. Este organismo podrá dictar normas complementarias y ejercer el control sobre el cumplimiento de los requisitos.
El gobierno de Javier Milei enfatizó que la actualización de la normativa busca “asegurar el pleno ejercicio del derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, plural y de interés público, en condiciones de igualdad y transparencia”.
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