En ese camino el gobierno libertario ya convocó a las partes a una nueva audiencia el próximo lunes en la Secretaría de Trabajo de la Nación con el único objetivo de destrabar el conflicto salarial y evitar el paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciado para el día siguiente.
La última reunión de las partes tuvo lugar el miércoles pasado cuando, sin avance alguno en la negociación, se resolvió pasar a un cuarto intermedio y tras lo cual la UTA anunció la medida de fuerza.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) ofrecen una suba de salarios del 6% para el periodo febrero-junio más sumas no remunerativas. Sólo en marzo la inflación fue del 3,7%.
“El sindicato quiere un ajuste por inflación desde enero. Hoy, el salario es de $1,2 millones. Con lo cual si le agregamos un ajuste por IPC excede las posibilidades económicas de las empresas”, explicó el presidente de Aaeta, Luciano Fusaro para justificar el rechazo del sector empresario.
Y cargó responsabilidad sobre el gobierno de Javier Milei al advertir que el sector empresario ofrece “dentro del marco de las posibilidades. La mitad de las líneas de colectivos del AMBA tienen la tarifa congelada hace más de ocho meses”.
El rechazo de UTA a seguir licuando los salarios de los trabajadores fue contundente. «Es absurdo seguir escuchando propuestas que avasallan a nuestra dignidad y sin precedente alguno. ¿Adónde pretenden ir? Ofrecer una reestructuración salarial de seis meses (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2025) a pagar en tres meses para adelante, sin tan siquiera llegar al 1% mensual“, señalaron desde la UTA.
El sindicato que nuclea a los choferes de colectivos busca elevar el salario básico desde los 1,2 millones de pesos actuales a 1,7 millones de pesos
Si la negociación vuelve a fracasar el lunes la UTA podrá avanzar en la medida de fuerza ya que estará vencida la conciliación obligatoria impuesta por el Gobierno el 28 de marzo. Esa decisión impide medidas de fuerza durante un período de 15 días hábiles, que pueden prorrogarse a pedido de alguna parte. Al Gobierno todavía le queda la posibilidad de prorrogar la conciliación obligatoria por 5 días más.




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